Un nuevo escándalo sacude al poder judicial correntino. En una historia repetida, se dicta un fallo amañado, hecho a la medida de las necesidades del Gobernador y su séquito de obsecuentes, que no resiste ningún test de legalidad y constitucionalidad, y tiene por única base un accionar arbitrario de una justicia altamente partidizada que se inmiscuye en arenas electorales.
La devaluación y descrédito de la justicia hace rato que saltó las fronteras provinciales y ha merecido duros cuestionamientos tanto en ambas cámaras del Congreso de la Nación como de la propia Corte Suprema de Justicia, la que realizó graves y contundentes críticas por atentar contra la división de poderes y usurpar funciones.
La imputación penal por estrago culposo al Intendente capitalino no tiene por fin obtener justicia para los ocho obreros de la construcción muertos en el derrumbe de la obra donde trabajaban, sino que se usa el dolor de esa tragedia desaprensivamente y por especulación electoral.
Orfandad probatoria, falta de nexo causal, sin siquiera citar a la funcionaria provincial que tenía a su cargo el control de la higiene y seguridad que debían tener esos trabajadores fallecidos, vínculos oscuros entre abogados querellantes y el poder político provincial, detención de un funcionario municipal en un vehículo de civil, traslado del mismo de modo ilegal y encubierto, son algunas de las muchas arbitrariedades cometidas.
Una y otra vez se usa el poder punitivo del estado para disciplinamiento de propios y ajenos, lo que es inadmisible con la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho.
Al Gobernador de la Provincia, al Fiscal General y al Superior Tribunal de Justicia exigimos el cese inmediato de toda persecución y el inmediato restablecimiento del Estado de Derecho y las garantías constitucionales.
La devaluación y descrédito de la justicia hace rato que saltó las fronteras provinciales y ha merecido duros cuestionamientos tanto en ambas cámaras del Congreso de la Nación como de la propia Corte Suprema de Justicia, la que realizó graves y contundentes críticas por atentar contra la división de poderes y usurpar funciones.
La imputación penal por estrago culposo al Intendente capitalino no tiene por fin obtener justicia para los ocho obreros de la construcción muertos en el derrumbe de la obra donde trabajaban, sino que se usa el dolor de esa tragedia desaprensivamente y por especulación electoral.
Orfandad probatoria, falta de nexo causal, sin siquiera citar a la funcionaria provincial que tenía a su cargo el control de la higiene y seguridad que debían tener esos trabajadores fallecidos, vínculos oscuros entre abogados querellantes y el poder político provincial, detención de un funcionario municipal en un vehículo de civil, traslado del mismo de modo ilegal y encubierto, son algunas de las muchas arbitrariedades cometidas.
Una y otra vez se usa el poder punitivo del estado para disciplinamiento de propios y ajenos, lo que es inadmisible con la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho.
Al Gobernador de la Provincia, al Fiscal General y al Superior Tribunal de Justicia exigimos el cese inmediato de toda persecución y el inmediato restablecimiento del Estado de Derecho y las garantías constitucionales.
M. Elena Chieno
Dip. Nac. PJ
ANA MARIA PERRONI
Dip. Nac. PJ
RODOLFO FERNANDEZ
Dip.Nac. UCR
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